La sentencia es un semáforo en rojo para quien cree que 'solo fue amenaza'. Si el Estado castiga la tentativa, entonces el agresor pierde el incentivo de escalar, y eso reduce el riesgo antes del desenlace. Si la víctima sabe que la denuncia no se queda en un papel, entonces denuncia más temprano, y esa información salva. ¿Quién gana? La sociedad que paga menos funerales y menos hospitales, y también el sistema judicial que deja de perseguir solo cadáveres. En Puebla ya se usó la ley para condenar un intento contra una ex pareja, y eso prueba que la figura no es decorativa. El costo real está en hacerlo bien: investigación rápida, protección efectiva, y jueces que no confundan relato con prueba. La SCJN no resolvió todo, pero movió la aguja hacia la prevención. La alternativa era seguir jugando a que el 'casi' no cuenta.
