No, no todo derecho es gratis. Una reforma al artículo 123 suena heroica, pero obliga a reescribir contratos, turnos y costos en todo el país. Si sube el costo por hora sin subir productividad, la empresa recorta contratación, después empuja tareas a informalidad, y al final el trabajador pierde protección. La transición 2027-2030 ayuda, sí, y también disimula el golpe. El Senado ya lo aprobó en general el 11 de febrero de 2026, y ahora la Cámara de Diputados tendrá que ponerle dientes y límites. Sin auditoría seria, el incentivo será maquillar jornadas con extras. Defender la reducción sin hablar de implementación es vender humo con sello constitucional.