Ojo con el efecto secundario jurídico. Al meter la jornada en la Constitución, cualquier ambigüedad se vuelve litigio, y el litigio es tiempo y costo. Si los tribunales saturan, primero se retrasan pagos, luego se congelan negociaciones colectivas, y al final el beneficio se queda en papel. La Cámara de Diputados tiene que definir controles, no slogans. También tiene que aclarar cómo se fiscalizan las horas extra y qué pasa con el registro electrónico. Sin reglas claras, los listos ganan y el trabajador común pierde.